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La Corte Constitucional resolvió una demanda que acusó de inconstitucional el artículo 364 de la Ley 1819 del 2016 (Reforma Tributaria). En dicho artículo se establece la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico, disponiendo que se deberá pagar por parte de la persona natural o jurídica o el patrimonio autónomo a cuyo favor se ordene el pago de valor superior a 73 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con el objetivo de financiar a la Rama Judicial.

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