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Unos de los destinatarios de la garantía especial a la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad en grado moderado, severo o profundo, independientemente del origen que tengan y sin más aditamentos especiales, como que obtengan un reconocimiento y una identificación previa.
En materia de apreciación probatoria la actividad judicial se rige por las reglas de la sana crítica o la persuasión judicial.
Por ello, con base en las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia, el juzgador debe llegar a la convicción o certeza de un hecho, y en desarrollo de su valoración debe cumplir con una carga de motivación, consistente en la manifestación de las razones que ha tenido para determinar el valor de las pruebas.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de reciente concepto, explicó que el derecho de alimentos es el que le asiste a una persona para reclamar de quien está obligado legalmente a dar lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios.
Los errores de hecho probatorios en el ámbito casacional se asocian con la presencia física de las pruebas en el proceso, por suponerse su existencia o al omitirse; o con la fijación de su contenido intrínseco en el caso de haberse tergiversado, en las modalidades de adición, cercenamiento o alteración, explica la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
La omisión del acreedor prendario de no ejecutar la garantía mobiliaria sobre las acciones de propiedad de uno de los socios antes de la inscripción de cuenta final de liquidación, estando obligado a ello, teniendo conocimiento de la situación y en ejercicio de los derechos inherentes a la calidad de accionista conferidos en el contrato de prenda, traería consigo la pérdida de la garantía por desaparición de la persona jurídica de cuyo capital hacían parte, ya que el hecho corresponde a la destrucción completa de la cosa empeñada.
Hoy en día, la realidad de los negocios revela que muchos de ellos requieren para su materialización la celebración de dos o más contratos, puesto que solo de la completa y oportuna ejecución de cada uno y de todos en conjunto puede conseguirse el propósito perseguido. Así lo explicó la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia.
En materia tributaria, el recurso de reconsideración se encuentra regulado en el artículo 732 del Estatuto Tributario, el cual establece que la administración dispone de un año para resolver, contado a partir de su interposición en debida forma, pues en caso de que transcurra dicho término sin que el recurso se resuelva, se entenderá fallado a favor del recurrente y se configurará el silencio administrativo positivo, precisa la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
La notificación del requerimiento especial se encuentra regulada en el artículo 565 del Estatuto Tributario, el cual establece que la administración puede realizarla por correo y se surte con la entrega de una copia del acto en la última dirección informada por el contribuyente.
