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La Sección Tercera del Consejo de Estado recordó que el análisis de la responsabilidad no inicia con el título o régimen jurídico aplicable, sino con la verificación de la existencia del daño, entendido este como la alteración negativa a un interés protegido.
La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia recordó que cuando una decisión absolutoria es producto de un desvío considerable de los hechos consignados en la demanda o de omitir los alegatos oportunamente presentados por los intervinientes, desbordando los límites allí trazados al elaborar una interpretación personal del asunto, se configura un defecto que puede ser objeto de revisión.
Ninguna providencia dictada por jueces extranjeros tiene obligatoriedad ni ejecución forzada en Colombia, a menos que medie la autorización del órgano judicial competente, que en el caso colombiano es la Corte Suprema de Justicia, precisa la Sala Civil de esta corporación al resolver una solicitud de exequátur.
En reciente concepto, la Superintendencia de Sociedades explicó varios aspectos relacionados con el procedimiento para el pago de una garantía mobiliaria.
En los estatutos sociales se debe indicar expresamente, entre otros aspectos, el nombre y domicilio de las personas que han de representar a la sociedad, indicando sus facultades y obligaciones, según el régimen de cada tipo societario, sin que se establezca condición alguna que se refiera al domicilio.
La expedición de factura o documento equivalente es una obligación fiscal, independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad, es decir, si es pública o privada, o de su calidad de contribuyente o no, indicó la Dian.
Las nuevas tecnologías han permitido el surgimiento y crecimiento de nuevas formas de gestión del trabajo con una raíz común: la conectividad casi instantánea y desde cualquier lugar. Con ello han surgido también nuevas formas de trabajar, siendo una de ellas la denominada teletrabajo. En Colombia, el teletrabajo se encuentra definido como “una forma de organización laboral, que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”. (Ley 1221/08, art. 2º).
En fallo de la Sección Tercera del Consejo de Estado se determinó que un juzgado incumplió el deber de vigilancia y control que le correspondía ejercer sobre el secuestro de un vehículo.
