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El titular de un registro marcario no puede prohibir a un tercero hacer uso de su marca o signo distintivo, siempre que el mismo se haga con fines de información al público y de buena fe, sin afectar los derechos de los consumidores en cuanto a confusión o inducción a error respecto al origen empresarial de los bienes y servicios que se están identificando, precisó la Superintendencia de Industria y Comercio.
La figura del silencio administrativo positivo en materia tributaria está prevista en el artículo 734 del Estatuto Tributario, a la cual están remitidas las entidades territoriales en virtud del artículo 59 de la Ley 788 del 2002.
La Sala Laboral de Descongestión hizo una importante precisión sobre la carga probatoria de quienes pretenden demostrar un vínculo laboral mediante la figura del contrato realidad, desvirtuando la ficticia legal creada a través de un contrato de prestación de servicios.
El Consejo de Estado concluyó que los jueces deben verificar cuál es la fuente del daño que se alega y cuya indemnización se persigue, a efectos de determinar la pretensión y el medio de control que procede.
En relación con todo recurso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reiteró que es necesario que quien lo proponga debe estar asistido de “interés jurídico, el que, como es sabido, deriva necesariamente del agravio que la decisión impugnada le cause o irrogue”.
La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia explicó que el amparo por los perjuicios extrapatrimoniales de la víctima debe estar expresamente contemplado en la póliza como resultado de una lectura simplista del precepto y en desarrollo de la libertad contractual. Ello por cuanto al darle ese alcance restrictivo sería ir en contra del querer del legislador y los fines que inspiraron la reforma.
A través de la reforma tributaria estructural (L. 1819/16), se introdujeron importantes cambios en la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios. Basado en ellos, el Ministerio de Hacienda (Minhacienda) expidió el Decreto 2250, con el objeto de adicionar, modificar y sustituir algunos artículos a los capítulos 10, 11, 12, 19, 21 y 22 del título 1º y a los capítulos 1º y 7º del título 4º de la parte 2 del Libro 1º del Decreto Único Reglamentario en materia Tributaria (DUR 1625/16).
Unos de los destinatarios de la garantía especial a la estabilidad laboral reforzada son aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad en grado moderado, severo o profundo, independientemente del origen que tengan y sin más aditamentos especiales, como que obtengan un reconocimiento y una identificación previa.
