Dentro de un proceso de control de nulidad, la Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que la libre concurrencia es un principio de la contratación pública con un criterio interpretativo y orientador acogido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), por lo que las entidades excluidas de ese estatuto deben considerarlo y aplicarlo, dado que se aplica en la privatización de la participación estatal en el capital social de las empresas. 

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El testimonio de los menores de edad en los procesos de familia puede resultar útil e, incluso, necesario, para determinar con certeza y detalle los hechos objeto del litigio, especialmente en aquellos eventos que versen directamente sobre el ejercicio de sus derechos o los afecten de alguna manera, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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La readquisición de acciones solo se puede realizar recurriendo a las utilidades, en los términos del artículo 396 del Código de Comercio, lo que significa que no se puede llevar a cabo a través de ningún otro mecanismo previsto en la ley para la extinción de obligaciones, tales como la dación en pago o la compensación, precisó la Superintendencia de Sociedades.

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Al Consejo Técnico de la Contaduría Pública le correspondió absolver una consulta tendiente a determinar el procedimiento para remover a un revisor fiscal cuando el socio de una sociedad por acciones simplificada (SAS) cuya participación es del 5 % se niega a firmar el acta que oficializa esta decisión.

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