La ley no establece una manera predeterminada a través de la cual las sociedades deban vincular a los revisores fiscales, por lo que puede hacerse indistintamente y según convenga a ambas partes, bien a través de un contrato laboral o de manera independiente por prestación de servicios, donde a ellos les correspondería el pago de la seguridad social.

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Con la Resolución 0033, la Dian adoptó instrumentos para garantizar el derecho a acceder a la información pública, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Estatutaria 1712 del 2014, que creó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y el Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República (Decreto 1081 del 2015).

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Los contratos de la administración pública no constituyen por sí mismos una finalidad, sino que representan un medio para la adquisición de bienes y servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y eficaz. Así lo precisó la Sección Segunda del Consejo de Estado ante un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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Un fallo de tutela reciente de la Corte Constitucional determina que un empleador vulnera los derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de un empleado al terminarle el contrato de trabajo a término fijo o por obra o labor contratada, según sea el caso, cuando este se encuentra en situación de debilidad manifiesta en razón de su estado de salud o en condición de discapacidad.

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Dentro de un proceso de control de nulidad, la Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó que la libre concurrencia es un principio de la contratación pública con un criterio interpretativo y orientador acogido por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), por lo que las entidades excluidas de ese estatuto deben considerarlo y aplicarlo, dado que se aplica en la privatización de la participación estatal en el capital social de las empresas. 

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El testimonio de los menores de edad en los procesos de familia puede resultar útil e, incluso, necesario, para determinar con certeza y detalle los hechos objeto del litigio, especialmente en aquellos eventos que versen directamente sobre el ejercicio de sus derechos o los afecten de alguna manera, indicó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

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