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La existencia de un contrato realidad de naturaleza laboral hizo que la  Sala Plena de la Corte Constitucional ordenara el pago de prestaciones sociales a una peticionaria que estuvo vinculada a un programa de inclusión de personas en condición de discapacidad, previsto en el plan de desarrollo vigente en la anterior administración distrital de Bogotá. 

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