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La Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del estudio dogmático del régimen de obligaciones y contratos y el análisis jurisprudencial de los artículos 1320 al 1324 del Código de Comercio, explicó que el contrato de agencia comercial se constituye en un mandato comercial de carácter especial.
De esta manera, el agente o comerciante independiente actúa por cuenta del empresario que le ha confiado ya sea la fabricación, distribución, explotación o promoción de sus negocios.
Con el fin de asegurar la protección jurídica de los intereses del Estado y ejercer coordinación y control de las actividades de los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva, la Presidencia instruyó, a través de la Directiva 3 del 23 de diciembre, en materia de celebración de pactos arbitrales y designación de árbitros.
Según la disposición, la suscripción de compromisos o cláusulas compromisorias en contratos estatales debe ser una decisión de gerencia pública explícita, previa evaluación de la conveniencia de derogar en cada caso concreto la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.
Con base en la tesis de ausencia de norma positiva que así lo regulara, la Sala Laboral de la Corte Suprema defendía la improcedencia de la tutela contra providencias o sentencias judiciales.
Para la Sala, esta postura atendía a los principios de la cosa juzgada, la independencia y autonomía de los jueces, y entre otras razones fundamentales, por ausencia de base normativa (Lea también: Tutela procede para proteger derechos colectivos si hay afectación a derechos fundamentales).
Así las cosas, ante la jurisprudencia de todas las jurisdicciones que ha afianzado su viabilidad, el alto tribunal morigeró aquella postura, cuando en casos concretos y excepcionales, con las actuaciones u omisiones de los jueces, resulten violados en forma evidente derechos constitucionales fundamentales.
No obstante, sigue siendo un valor esencial para el mencionado órgano de justicia que la tutela contra sentencias judiciales no puede ser medio, ni pretexto, para abolir la independencia del juez, consagrada en el artículo 228 de la Carta Política, sustituyendo al juez natural.
Responsabilidad estatal por demora en decisión judicial depende de si es justificada o no.
Tal como lo señala la Sentencia SU-768 del 2014, proferida por la Corte Constitucional, el derecho extranjero aplicable en los procesos judiciales adelantados en Colombia debe ser investigado de oficio por el juez, sin que se descarte la colaboración de las partes, quienes pueden invocar su existencia y contenido.
Con ese argumento, el alto tribunal dejó sin efectos una providencia proferida en un proceso de reparación directa por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de un ciudadano belga porque no aportó copia auténtica del derecho hondureño para demostrar la transmisión de la propiedad de un barco embargado y secuestrado durante cuatro años por órdenes de dos juzgados de Buenaventura, debido a acreencias laborales alegadas por los tripulantes.
Según explica una providencia, cuando desacuerdos propios de la pareja conllevan a que de manera transitoria no compartan el mismo techo, pero se mantengan, de manera patente, otros aspectos que indiquen que no les interesa acabar con la relación, es decir que el vínculo permanece, no puede concluirse por ello la cesación de la convivencia.
De ese modo, afirmó, la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de ellos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros.
