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Responsabilidad estatal por demora en decisión judicial depende de si es justificada o no.

Tal como lo señala la Sentencia SU-768 del 2014, proferida por la Corte Constitucional, el derecho extranjero aplicable en los procesos judiciales adelantados en Colombia debe ser investigado de oficio por el juez, sin que se descarte la colaboración de las partes, quienes pueden invocar su existencia y contenido.

Con ese argumento, el alto tribunal dejó sin efectos una providencia proferida en un proceso de reparación directa por la Sección Tercera del Consejo de Estado, que negó las pretensiones de un ciudadano belga porque no aportó copia auténtica del derecho hondureño para demostrar la transmisión de la propiedad de un barco embargado y secuestrado durante cuatro años por órdenes de dos juzgados de Buenaventura, debido a acreencias laborales alegadas por los tripulantes.

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Requisito de convivencia en pensión de sobreviviente no se desvirtúa por rupturas transitorias

Según explica una providencia, cuando desacuerdos propios de la pareja conllevan a que de manera transitoria no compartan el mismo techo, pero se mantengan, de manera patente, otros aspectos que indiquen que no les interesa acabar con la relación, es decir que el vínculo permanece, no puede concluirse por ello la cesación de la convivencia.


De ese modo, afirmó, la convivencia entre los cónyuges no desaparece por la sola ausencia física de alguno de ellos, cuando ello ocurre por motivos justificables, como de salud, oportunidades u obligaciones laborales, imperativos legales o económicos, entre otros.

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Corte aclara requisitos para aplicar condición más beneficiosa en solicitud de pensión de invalidez

La fecha de estructuración de una enfermedad no es el único elemento de juicio para definir el régimen aplicable para reconocer la pensión de invalidez, pues el juez constitucional incluyó la situación más favorable para la persona que solicita esa prestación.

Así lo recordó la Corte Constitucional, al amparar los derechos a la seguridad social, la vida digna y el mínimo vital de un afiliado al sistema general de pensiones al que una sociedad administradora le negó el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por no haber cotizado 50 semanas dentro de los tres últimos años anteriores a la fecha de estructuración, como lo dispone el artículo 1º de la Ley 860 del 2003.

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